Por Natalia Ciliento 
La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles la sanción definitiva de la nueva Ley de Ministerios impulsada por el gobernador Claudio Poggi, una reforma que reorganiza completamente la estructura del Poder Ejecutivo provincial y reduce más del 30% de las estructuras políticas administrativas.
El proyecto, que ya había obtenido media sanción en el Senado, quedó oficialmente convertido en ley y representa una de las principales reformas administrativas impulsadas por el oficialismo desde el inicio de la actual gestión.
La nueva Ley de Ministerios en San Luis prevé la eliminación de ocho estructuras administrativas, un ministerio y siete secretarías de Estado con rango ministerial, en el marco de una política de austeridad, racionalización del gasto y reordenamiento estatal.
Durante el debate legislativo, la diputada Eugenia Gallardo defendió la iniciativa y aseguró que la reforma busca responder “de manera ágil, rápida y eficiente” a las demandas de la sociedad utilizando los recursos existentes y manteniendo responsabilidad financiera.
Además, sostuvo que el contexto económico y la disminución de recursos provenientes de la coparticipación obligan al Ejecutivo a profundizar políticas de equilibrio fiscal y austeridad.
“Este es el desafío: compatibilizar la austeridad con el equilibrio fiscal logrado, pese a haber recibido una gestión con un gran déficit financiero”, afirmó Gallardo durante la sesión.
La legisladora también remarcó que la reorganización institucional apunta a fortalecer el desarrollo productivo y acompañar al sector privado, consolidando el modelo de gestión iniciado el 10 de diciembre de 2023.
Por su parte, la diputada Verónica Causi aseguró que la reducción política responde a una demanda social en medio de la crisis económica y la caída de recursos nacionales.
“El pueblo está pidiendo una reducción de la estructura política”, sostuvo Causi, quien además remarcó que la provincia enfrenta fuertes recortes en las transferencias automáticas enviadas desde Nación.
Según detalló la legisladora, San Luis registró una caída del 7,4% en los fondos nacionales durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el año anterior. Además, recordó que en 2024 la baja interanual fue del 9% y en 2025 alcanzó el 8,9%.
En ese contexto, el oficialismo defendió la necesidad de reducir estructuras políticas sin afectar puestos laborales de empleados públicos.
“Es urgente achicar la planta estatal sin echar a ningún empleado”, manifestó Causi, quien insistió en que la medida apunta exclusivamente a cargos políticos y jerárquicos.
Uno de los ejes más fuertes del discurso oficial fue diferenciar esta política de ajuste respecto de otros recortes aplicados a nivel nacional.
La diputada sostuvo que el Gobierno provincial absorbió costos vinculados a educación, discapacidad, transporte y salud para evitar que el impacto recaiga sobre los sectores más vulnerables.
“Otros gobiernos achican tocando discapacidad, maestros, subsidios o salud. Este Gobierno se hizo cargo de esos recortes”, expresó durante el debate parlamentario.
La nueva Ley de Ministerios en San Luis establece que el Poder Ejecutivo quedará conformado por una Secretaría General de la Gobernación con rango ministerial y ocho ministerios:
- Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable
- Ministerio de Desarrollo Humano
- Ministerio de Seguridad
- Ministerio de Turismo y Cultura
Además, funcionarán tres secretarías de Estado bajo la órbita de la Secretaría General:
- Secretaría de Estado de Deporte
- Secretaría de Estado de Transporte
- Secretaría de Estado Legal y Técnica
También continuarán bajo funcionamiento la Secretaría de Estado de Personas con Discapacidad, dependiente de Salud, y la Secretaría de Estado de Política Habitacional, bajo Desarrollo Humano.
La aprobación definitiva de la ley representa una fuerte señal política del oficialismo en medio de un escenario económico complejo y con fuerte presión sobre las cuentas públicas provinciales.
Ahora, el desafío para el Gobierno será demostrar que la reducción de estructuras políticas se traduce efectivamente en un Estado más eficiente, con capacidad de gestión y mejores respuestas para la ciudadanía.