Por Natalia Ciliento 
El Gobierno de San Luis salió a advertir públicamente sobre el fuerte impacto económico que podría generar la modificación de la Ley de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional. Según alertó la titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE), Laura Giumelli, miles de usuarios sanluiseños podrían perder subsidios al gas natural si avanza el proyecto presentado en el Congreso.
La funcionaria provincial envió una nota formal a diputados y senadores nacionales que representan a San Luis para expresar la preocupación oficial por las consecuencias que tendría la derogación parcial de la Ley N° 27.637, conocida como Ley de Zona Fría.
En el documento, Giumelli sostiene que la medida nacional provocaría un fuerte incremento en las facturas energéticas de numerosos hogares puntanos, especialmente en regiones donde las bajas temperaturas obligan a un mayor consumo de gas durante gran parte del año.
La advertencia no es menor. Desde la CREE aseguran que muchos usuarios podrían sufrir aumentos mensuales que oscilarían entre 10 mil y 40 mil pesos antes de impuestos, solamente en tarifas residenciales pequeñas. Además, remarcan que el impacto se potenciaría junto con los incrementos eléctricos que ya vienen golpeando el bolsillo de las familias.
La nota fue enviada a los diputados nacionales Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra, Jorge Fernández y Ernesto Alí, además de los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino.
En el escrito, la titular de la CREE explicó que la Ley de Zona Fría permitía una segmentación bioclimática para otorgar subsidios al gas natural, contemplando las características climáticas de distintas regiones del país. En ese esquema, prácticamente todos los departamentos de San Luis estaban incluidos dentro del beneficio.
Sin embargo, el nuevo proyecto nacional eliminaría parte de ese reconocimiento y dejaría afuera a miles de usuarios que viven en zonas con fuerte amplitud térmica y temperaturas extremadamente bajas durante el invierno.
La preocupación oficial también apunta a otro aspecto sensible: la pobreza energética. Giumelli advirtió que muchas familias podrían quedar en una situación crítica al tener que destinar más del 10% de sus ingresos mensuales únicamente para cubrir necesidades energéticas.
Además, recordó que San Luis realizó importantes inversiones para ampliar la red de gas natural sin asistencia económica nacional. Según indicó, la provincia avanzó durante años en obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los usuarios y fomentar actividades productivas, pero ahora esos mismos hogares podrían enfrentar tarifas mucho más altas.
La funcionaria también cuestionó el enfoque del proyecto impulsado desde Nación. Aseguró que la discusión sobre subsidios energéticos no puede limitarse solamente a criterios económicos o fiscales, sino que debe contemplar las diferencias geográficas y climáticas de cada provincia.
En ese sentido, sostuvo que el proyecto persigue una reducción de subsidios “sin distinción de las realidades geográficas” y sin una planificación federal integral sobre acceso y cobertura energética.
Otro de los puntos que marcó el informe tiene relación con el consumo alternativo de energía. Según detalló la titular de la CREE, si los usuarios no pueden sostener el uso de gas natural por el aumento tarifario, terminarán migrando hacia energía eléctrica o gas licuado de petróleo (GLP), opciones que en muchos casos resultan incluso más costosas y generan presión adicional sobre la infraestructura energética.
Además, Giumelli aprovechó la nota para cuestionar beneficios otorgados a provincias deudoras de CAMMESA y planteó que San Luis, al mantener sus compromisos de pago, termina perjudicada en términos fiscales y de distribución de recursos.
El debate sobre la Zona Fría en San Luis ahora quedará en manos del Congreso nacional. Sin embargo, desde el Gobierno provincial ya dejaron clara su posición: consideran que la modificación del régimen podría golpear directamente a miles de familias puntanas en pleno contexto de crisis económica y suba generalizada de tarifas.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los usuarios residenciales, que siguen con preocupación el avance de un proyecto que podría modificar de manera profunda el esquema de subsidios energéticos vigente.