Por Natalia Ciliento 
El secretario de Transporte, Víctor Cianchino, encabezó este lunes una reunión junto al ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín, y los intendentes Luciano Ayala, Pedro Tagliente y Ricardo Olivera Aguirre para coordinar la nueva etapa de modificaciones en el sistema de transporte interurbano provincial.
El encuentro se realizó horas antes de que entren en vigencia los cambios de frecuencias anunciados por el Ejecutivo provincial. La preocupación central pasó por garantizar la conectividad en el corredor serrano y en zonas con fuerte circulación turística y laboral.
Según explicaron desde el Gobierno, la medida responde directamente al aumento sostenido de costos operativos que viene golpeando al sistema de transporte. Principalmente por el incremento del combustible, los insumos técnicos y las actualizaciones salariales que afectan a las empresas del sector.
En ese contexto, la Provincia insiste en que el objetivo no es eliminar servicios esenciales, sino reorganizar las frecuencias de baja demanda para evitar un colapso financiero del sistema.
Durante la reunión, las autoridades remarcaron que las frecuencias consideradas prioritarias —especialmente las vinculadas con horarios laborales, educativos y de mayor circulación de pasajeros— serán preservadas. En otras palabras, el Ejecutivo busca reducir el impacto social y político que podría generar la reestructuración del transporte interurbano.
Además, el corredor serrano aparece como uno de los puntos más sensibles de la discusión. Principalmente porque conecta localidades con fuerte actividad turística, crecimiento urbano y alto movimiento diario de trabajadores y estudiantes.
La presencia de los intendentes de La Punta, Juana Koslay y El Trapiche dejó en evidencia que el Gobierno busca compartir la gestión política de la medida y evitar tensiones institucionales con los municipios afectados.
Mientras tanto, desde Transporte sostienen que las modificaciones fueron diseñadas a partir de datos obtenidos por el Observatorio de Transporte, una herramienta que analiza demanda de pasajeros, recorridos y utilización real de frecuencias.
El Ejecutivo provincial ya había reconocido días atrás que actualmente destina más de 1.200 millones de pesos mensuales para sostener el sistema de transporte. Sin embargo, también admitió que la Provincia ya no tiene margen financiero para seguir ampliando subsidios.
Por eso, la estrategia oficial apunta a reducir frecuencias en horarios valle antes que avanzar con nuevos aumentos tarifarios. Según plantean desde el Gobierno, aumentar el boleto podría generar un impacto todavía mayor sobre el bolsillo de los usuarios.
La reestructuración del transporte interurbano también se da en un contexto complejo para el sector. A la presión económica se suman conflictos gremiales y advertencias de posibles medidas de fuerza vinculadas a reclamos laborales.
En ese escenario, el Gobierno intenta equilibrar tres frentes al mismo tiempo: sostener el funcionamiento de las empresas, evitar un aumento brusco del boleto y garantizar que trabajadores y estudiantes puedan seguir trasladándose normalmente.
Sin embargo, la medida ya genera incertidumbre entre usuarios que dependen diariamente del sistema interurbano para viajar entre distintas localidades de San Luis.
La discusión, además, no se limita solamente a una cuestión técnica. En realidad, el transporte volvió a convertirse en uno de los temas más sensibles para la administración provincial en medio de una economía golpeada por inflación, suba de combustibles y caída del poder adquisitivo.
Por ahora, el Ejecutivo apuesta a que la coordinación con municipios permita amortiguar el impacto de los cambios y evitar un mayor desgaste político en una de las áreas más delicadas de la gestión pública.