Por Natalia Ciliento 
La jueza de Garantía N.º 4 de San Luis, Luciana Banó, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del exministro de Seguridad Luciano Anastasi, investigado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la refacción de dependencias policiales durante 2022.
La resolución mantiene el avance de la causa penal, que también involucra a los exministros Claudio Latini y Ernesto “Pipi” Alí, y a los exintendentes Jeremías Vivas y Mario Canali.
Además, la magistrada dispuso extender por otros 180 días la inhibición general de bienes de estos cuatro imputados, una medida que busca limitar la posibilidad de disponer de su patrimonio mientras continúa el proceso.
Por qué la defensa de Anastasi pidió el sobreseimiento
La defensora oficial Cecilia Cabello, representante de Anastasi, solicitó que el exfuncionario fuera desvinculado de la investigación. Entre sus argumentos sostuvo que los contratos cuestionados para realizar obras públicas se celebraron bajo la normativa vigente y que los anticipos de dinero contaron con las autorizaciones correspondientes.
Sin embargo, esos fundamentos no convencieron a la jueza, quien consideró que todavía existen aspectos de la investigación que deben esclarecerse antes de resolver sobre la eventual responsabilidad penal del exministro.
En su resolución, Banó señaló que los plazos establecidos para ejecutar las obras en La Toma vencieron cuando Anastasi todavía estaba al frente del Ministerio de Seguridad. También indicó que en las constancias de la causa no aparecen intimaciones dirigidas al municipio para exigir el cumplimiento de los trabajos.
En cuanto a San Francisco del Monte de Oro, la magistrada observó que los plazos de ejecución vencieron después de que Anastasi dejara el cargo. No obstante, consideró necesario determinar si el exministro autorizó las transferencias con conocimiento de presuntos incumplimientos anteriores.
Los contratos bajo investigación: fondos para refacciones policiales
La investigación, a cargo de la fiscal instructora N.º 6, Linda Maluf, se concentra en cinco contratos firmados durante 2022 entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y los municipios de La Toma y San Francisco del Monte de Oro.
Los convenios contemplaban trabajos de refacción en distintas dependencias policiales, anticipos equivalentes al 30 % del monto contratado y un plazo de 60 días para completar las obras.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los fondos públicos fueron transferidos, pero los trabajos no se habrían ejecutado y tampoco se habrían realizado los controles correspondientes.
Los montos involucrados en los contratos eran:
- La Toma: $8.801.502,25 destinados a tareas edilicias.
- San Francisco del Monte de Oro: $7.337.352,38 para las obras proyectadas.
La investigación busca establecer qué ocurrió con los recursos transferidos, si se cumplieron las obligaciones asumidas por los municipios y qué responsabilidades correspondían a los funcionarios que intervinieron en las operaciones.
Qué dijo la jueza sobre las rendiciones aprobadas
Uno de los puntos analizados por la magistrada fue la aprobación de las rendiciones de los fondos por parte del Tribunal de Cuentas.
Banó aclaró que ese control administrativo comprende la documentación y los aspectos contables de las operaciones, pero no acredita por sí mismo que las obras contratadas hayan sido efectivamente realizadas ni que se hayan cumplido las obligaciones previstas en los convenios.
En consecuencia, la aprobación de las rendiciones no descarta, por sí sola, la posibilidad de una responsabilidad penal.
La jueza consideró que todavía debe determinarse cómo se administraron los fondos públicos, qué controles se efectuaron sobre las obras y cuáles eran las obligaciones de Anastasi durante su gestión como ministro.
Quiénes están imputados en la causa
La investigación alcanza a cinco exfuncionarios y exintendentes de la gestión provincial anterior:
- Luciano Anastasi, exministro de Seguridad.
- Claudio Latini, exministro de Seguridad.
- Ernesto “Pipi” Alí, exministro y actual diputado nacional.
- Jeremías Vivas, exintendente de San Francisco del Monte de Oro.
- Mario Canali, exintendente de Cortaderas.
De acuerdo con la información publicada, los imputados son investigados por presuntos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El rechazo del sobreseimiento de Anastasi no implica una declaración de culpabilidad. La causa continúa en etapa de investigación y todavía resta establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder a cada uno de los involucrados.
Hector Acosta