El conflicto del transporte interurbano volvió a escalar en las últimas horas, con un combo que mezcla reclamos salariales, subas tarifarias y advertencias de medidas de fuerza que podrían impactar de lleno en el servicio. La advertencia no es menor: si no hay acuerdo en los próximos días, el gremio anticipa retenciones diarias en las terminales.

El eje del problema es concreto. Según explicó el secretario general de la UTA en la provincia, Iván Piñeiro, varias empresas del sistema interurbano no abonaron la última escala salarial acordada entre el sindicato y la cámara empresarial (FATAP). En lugar de aplicar el aumento correspondiente a los haberes de marzo, liquidaron con valores anteriores.

El dato no es técnico. Es político y operativo. Porque lo que está en discusión no es solo una diferencia salarial, sino el cumplimiento de acuerdos firmados en paritarias.

Las empresas, por su parte, argumentan que la ecuación económica no cierra. Apuntan a la suba del combustible como factor determinante y a la falta de reuniones sostenidas con la Secretaría de Transporte provincial. En ese contexto, ofrecieron una suma no remunerativa de 100 mil pesos como paliativo. Para el gremio, insuficiente.

“Lo que se pretende es que se pague la escala completa”, planteó Piñeiro. Sin rodeos.

En medio de esta disputa, apareció un elemento que podría haber descomprimido el escenario: el reciente aumento de tarifas del transporte interurbano. En teoría, un mayor ingreso para las empresas debería acercar posiciones. Pero en la práctica, no alcanza.

Las compañías sostienen que el incremento debería haber sido más alto para compensar los costos operativos. El combustible, otra vez, aparece como argumento central.

Mientras tanto, el reloj corre. La UTA ya notificó que, si no hay acuerdo antes del miércoles, el jueves se realizará una audiencia clave. Y si no surge una propuesta satisfactoria, comenzarán las retenciones de servicio, que serían parciales pero diarias, con interrupciones de hasta cuatro horas.

No es paro total. Pero el impacto sería inmediato en los usuarios.

Empresas en falta y diferencias dentro del sistema

El conflicto no es homogéneo. Hay empresas que sí cumplieron. Es el caso de Panaholma en Villa de Merlo, que abonó la escala salarial vigente.

En contraste, el incumplimiento se concentra en otras operadoras: Sol Bus, Blanca Paloma, Panamericana, María del Rosario y Juana koslay, entre otras. Algunas aplicaron pagos parciales o sumas no remunerativas, pero sin llegar al acuerdo salarial completo.

La diferencia también se observa en el transporte urbano. En la ciudad de San Luis, el servicio sí cumplió con los aumentos, tras negociaciones previas con el municipio. Desde el Ejecutivo local aseguran que se hará el esfuerzo para sostener tanto los salarios como la frecuencia del servicio.

Menos colectivos, más tensión

Otro punto de conflicto es la posibilidad de reducción de servicios. Algunas empresas deslizaron esa alternativa como forma de ajuste. La UTA la rechazó de plano.

El argumento sindical es claro: menos frecuencias implican menos trabajadores y peor servicio. Y además, genera una contradicción con las políticas públicas anunciadas, como la implementación de boletos estudiantiles o beneficios para docentes.

“Van a ir los colectivos cada vez más llenos”, advierten desde el gremio. Una postal conocida que podría repetirse si no hay definiciones rápidas.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, aseguran que no se permitirá una reducción de personal, aunque sí podría haber reacomodamientos de horarios.

Seguridad: el otro frente que preocupa

El conflicto salarial no es el único foco de tensión. En los últimos días se registraron ataques a unidades del transporte interurbano, con piedrazos que dejaron incluso a un trabajador lesionado en un ojo.

El problema no es nuevo, pero se agrava. Hay zonas identificadas como conflictivas, especialmente en el tramo de Santa Rosa hacia sectores periféricos, donde los ataques se repiten.

La UTA ya pidió mayor presencia policial y medidas concretas de seguridad. No es un reclamo accesorio. Es una condición básica para garantizar el servicio.

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