Por Hector Acosta 
El Partido Justicialista de San Luis formalizó su rechazo al proyecto de reforma parcial de la Constitución provincial que será tratado este martes en el Senado. El documento cuestiona el procedimiento, la amplitud de los cambios, la extensión de mandatos legislativos y las reglas de reelección del gobernador. El oficialismo, sin embargo, cuenta con los dos tercios necesarios para avanzar.
El Partido Justicialista de San Luis confirmó su rechazo al proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial y reclamó que la iniciativa sea archivada o, en su defecto, devuelta a comisión. La posición fue plasmada en un documento de nueve páginas que combina objeciones jurídicas, institucionales y políticas, y que llega al recinto en la previa de una sesión clave para el gobierno de Claudio Poggi.
El proyecto será tratado este martes en el Senado provincial. El dato político que condiciona la discusión es conocido: el oficialismo cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar la declaración de necesidad de reforma.
Eso no significa que el debate esté cerrado.
El peronismo decidió fijar posición antes de la votación y dejó planteado que su oposición no implica rechazar cualquier modificación constitucional. Por el contrario, sostiene que una reforma puede ser necesaria cuando existen problemas institucionales concretos, una demanda social verificable y un consenso político suficientemente amplio.
La discusión, para el PJ, pasa justamente por determinar si esas condiciones existen en este caso.
Su conclusión es negativa.
El documento califica la iniciativa como “improvisada, apresurada, inconsulta, desmesuradamente amplia, contradictoria y subordinada a las necesidades electorales del gobierno de turno”. Se trata de una definición política fuerte, pero que el partido intenta respaldar con una batería de argumentos vinculados al procedimiento y al contenido de la propuesta.
El reclamo por la falta de participación ciudadana
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ausencia de una instancia previa de participación ciudadana.
El PJ sostiene que una reforma constitucional de esta magnitud debería estar precedida por un diagnóstico sobre los problemas que se pretenden solucionar, estudios técnicos sobre sus consecuencias y mecanismos formales de consulta.
En particular, cuestiona que no se haya planteado un sistema provincial de audiencias públicas, consultas departamentales o mesas sectoriales abiertas.
La demanda apunta a incorporar al debate a municipios, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, sectores productivos y profesionales.
El argumento tiene una dimensión institucional evidente: modificar las reglas fundamentales de funcionamiento del Estado no es lo mismo que sancionar una ley ordinaria. La Constitución tiene una permanencia y una jerarquía que exceden a un gobierno determinado.
Por eso, el peronismo intenta instalar la idea de que una eventual Convención Constituyente no debería funcionar simplemente como una extensión del calendario legislativo, sino como un proceso político de mayor alcance.
Una reforma parcial que, según el PJ, tiene efectos casi integrales
Otro de los ejes centrales del documento es la amplitud temática.
Aunque el proyecto es presentado como una reforma parcial, el PJ sostiene que los cambios habilitados alcanzan una cantidad de materias que prácticamente atraviesan toda la arquitectura institucional provincial.
Entre ellas aparecen cuestiones vinculadas al Poder Ejecutivo, el sistema electoral, los mandatos legislativos y municipales, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control.
También se incluyen temas relacionados con el agua, la educación, el balotaje y nuevas herramientas vinculadas con inteligencia artificial, identidad digital y protección de datos personales.
Para el justicialismo, esa combinación genera una contradicción entre el carácter formalmente “parcial” de la reforma y sus posibles consecuencias.
El problema no sería solamente qué se modifica, sino cuánto se habilita a modificar.
A eso se suma otro punto sensible: el tiempo previsto para la Convención Constituyente. El proyecto contempla 60 días de trabajo, con una eventual prórroga de otros 30.
El PJ considera que ese plazo resulta insuficiente para discutir seriamente la estructura de los poderes del Estado, el sistema electoral, los organismos de control y los nuevos derechos vinculados al mundo digital.
La pregunta política que deja planteada es sencilla: ¿puede discutirse una nueva arquitectura institucional de la provincia en apenas dos o tres meses?
La extensión de mandatos, uno de los puntos más sensibles
Pero si existe un punto capaz de convertir la reforma en una discusión directamente electoral, es el referido a los mandatos de legisladores y concejales elegidos en 2025.
El proyecto propone que esos mandatos, originalmente previstos hasta 2029, se extiendan hasta 2031 para hacer coincidir las elecciones legislativas con la elección del gobernador y eliminar las elecciones de medio término.
El PJ interpreta esa modificación como una alteración de las condiciones bajo las cuales fueron elegidos los representantes.
La frase utilizada en el documento resume la crítica: “Los mandatos populares no se prorrogan entre dirigentes sino que se renuevan en las urnas”.
Aquí aparece una discusión que excede al peronismo y alcanza al diseño democrático de la provincia.
La modificación puede ser defendida desde la necesidad de ordenar el calendario electoral y reducir la frecuencia de los comicios. Pero también abre un interrogante institucional: si una persona fue elegida para ejercer un cargo durante un período determinado, ¿puede una reforma posterior extender ese mandato sin una nueva consulta electoral?
El PJ sostiene que ese punto podría derivar incluso en cuestionamientos judiciales.
La reelección de Poggi y la acusación de una cláusula personalizada
La otra cuestión que concentra buena parte de la crítica política es el régimen de reelección del gobernador.
El proyecto establece un límite de dos mandatos consecutivos y dispone que el período 2023-2027 de Claudio Poggi sea computado como su primer mandato.
El peronismo considera que esa redacción introduce una cláusula específica sobre la situación del actual gobernador.
“No se redacta una Constitución con nombre y apellido”, sostiene el documento.
La discusión tiene una evidente dimensión política. Una Constitución debería establecer reglas generales y abstractas. Si una disposición está diseñada para resolver una situación concreta vinculada con quien actualmente ocupa el Poder Ejecutivo, la frontera entre una norma institucional y una decisión política coyuntural se vuelve mucho más delgada.
El PJ también cuestiona la prohibición absoluta de volver a ser gobernador después de haber ejercido dos períodos y sostiene que una restricción de ese tipo podría afectar tanto el derecho individual de quien pretende postularse como el derecho de los ciudadanos a elegir.
¿Modernización constitucional o cuestiones que pueden resolverse por ley?
El documento justicialista también pone bajo la lupa varios de los aspectos presentados como parte de una actualización institucional.
Acceso a la información pública, gobierno abierto, protección de datos, inteligencia artificial, conectividad y determinadas cuestiones administrativas podrían, según el PJ, resolverse mediante legislación ordinaria y políticas públicas sin necesidad de modificar la Constitución.
Es uno de los argumentos más políticos del documento.
La pregunta de fondo es si una Constitución debe incorporar cada nueva problemática tecnológica y administrativa que aparece o si debe limitarse a establecer principios generales que luego sean desarrollados por leyes.
Desde esa perspectiva, el peronismo intenta instalar otra discusión: la provincia necesita una reforma constitucional urgente o necesita primero resolver problemas económicos y sociales más inmediatos?
El documento menciona pobreza, empleo, salarios y situación de los municipios como cuestiones que deberían ocupar el centro de la agenda provincial.
El costo de la Convención también entra en la discusión
El PJ tampoco dejó afuera el impacto presupuestario.
El proyecto contempla una Convención Constituyente integrada por 52 convencionales y establece que el Poder Ejecutivo deberá disponer las partidas necesarias para su funcionamiento.
El cuestionamiento apunta a que no se establece un presupuesto máximo ni se incorpora una estimación detallada del gasto.
Personal, asesores, comisiones, logística y funcionamiento tendrán un costo.
En momentos en que cualquier decisión estatal es observada también desde la perspectiva del gasto público, el argumento tiene peso político. El justicialismo reclama que exista un informe de impacto fiscal antes de avanzar.
El verdadero escenario político detrás de la reforma
La lectura más profunda del documento aparece en su conclusión.
Para el PJ, las distintas modificaciones no pueden analizarse de manera aislada. La fecha de finalización de los mandatos legislativos, la eliminación de las elecciones intermedias, la concentración del calendario electoral y las reglas de reelección del gobernador forman parte de un mismo esquema.
Desde esa mirada, la reforma no sería solamente una actualización institucional.
Sería también una reorganización del poder político provincial.
El oficialismo tendrá ahora la posibilidad de defender su proyecto en el recinto y avanzar con una mayoría que, en términos matemáticos, parece suficiente. La oposición, en cambio, busca instalar una discusión que no termina con la votación de este martes.
Porque declarar la necesidad de una reforma es apenas el primer paso.
Después vendrá la Convención. Y allí comenzará el verdadero debate sobre qué Constitución quiere San Luis para las próximas décadas.
El Partido Justicialista de San Luis cerró su documento con un pedido concreto: archivar el Despacho N.º 27-HCS-2026 o devolverlo a comisión. También reclamó audiencias públicas en los nueve departamentos, estudios técnicos independientes, un presupuesto detallado y un temario limitado, coherente y consensuado.
El oficialismo tiene los votos para avanzar.
La oposición intenta demostrar que tener los votos no necesariamente equivale a tener el consenso.
Y esa diferencia, en una reforma constitucional, puede terminar siendo tan importante como la propia votación.
Natalia Ciliento